Una nación en el exilio

Existe una nación en el exilio y sus impactos sociales, psiquiátricos y de salud pública y mental, políticos y culturales constituyen un reto a determinar: lucro cesante, daño emergente, efectos psico-sociales, segunda generación de exiliados y exiliadas, la reparación-individual, la pérdida de estudios, trabajos, identidad, integración, muebles y/o inmuebles, cuentas bancarias; el abandono forzado de responsabilidades en general en el territorio nacional, regional o local en la dirección o promoción del activismo social y/o la defensa sindical, entre otras. Así, miles de colombianos y colombianas, más de 846.000 conforme a la investigación “Colombia una Nación en el Exilio” (proyecto investigativo que adelanta un equipo humano que hace parte de nuestra organización) han salido y decidido vivir en el extranjero, dado que el estado colombiano no otorgaba condiciones de protección y seguridad.

Organización

Por todo lo anterior, para organizar y defender a los/as exiliados/as políticos/as hemos fundado la Constituyente de Exiliados/as perseguidos/as por el Estado Colombiano. Nuestra organización se establece a partir de una primera Asamblea General  a mediados de  Noviembre de 2014 en la ciudad de Bilbao – País Vasco, Estado Español, previo encuentro preparatorio en París en la primavera del mismo año, donde surge la idea por un grupo de compañeros/as exiliados/as y desde entonces desarrollamos una serie de actividades tendientes a organizar a las personas y familias que siendo víctimas perseguidas por el Estado colombiano se vieron obligadas a salir hacia el exilio político a más de setenta países del mundo e igualmente participamos activamente con propuestas en  los diálogos  y firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y la insurgencia de las Farc-EP. Así mismo, apoyamos los diálogos de paz del gobierno y la insurgencia del ELN, que actualmente se llevan a cabo en Quito.

Como  víctimas directas del conflicto político, social y armado, colombiano, estamos apoyando decididamente el proceso de Implementación de los Acuerdos, fundamentalmente el punto de víctimas y la constitución de la Comisión de la Verdad; señalamos la responsabilidad del Estado colombiano por acción o por omisión, de nuestro desplazamiento forzado fuera de las fronteras patrias y consideramos que en la implementación de estos acuerdos el Estado debe resarcir el daño emergente, el lucro cesante, los perjuicios materiales, psicológicos, etc. que nos ha causado.